LOS ÁNGELES, CA — Mia Angulo, que está embarazada y dará a luz en mayo, vive en una tienda de campaña con su novio en el vecindario predominantemente latino de Boyle Heights.

El dolor persistente por un accidente de auto ocurrido hace dos meses, sumado a una vida ya difícil, tiene a Angulo preocupada por su embarazo. Por eso sintió alivio cuando una camioneta móvil de medicina callejera de St. John’s Community Health llegó cerca de su asentamiento en febrero.

“Gracias a Dios que los tenemos”, dijo.

St. John’s, que opera 28 clínicas, la mayoría en el condado de Los Ángeles, forma parte de la red nacional de clínicas comunitarias sin fines de lucro que atienden a los habitantes más pobres del país. Alrededor del 80% de sus 144.000 pacientes, incluida Angulo, tienen Medi-Cal, la versión de California del programa Medicaid para personas con bajos ingresos o discapacidades.

Pero los recortes federales al gasto de Medicaid bajo la One Big Beautiful Bill, la ley aprobada por los republicanos, sumados al ajuste fiscal en Sacramento, podrían costarle a St. John’s hasta un tercio de sus ingresos anuales de $240 millones. Eso obligaría a recortar servicios que podrían incluir la medicina callejera, dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de la organización.

Si no se reemplaza el financiamiento perdido, clínicas más pequeñas y con menos recursos del condado podrían enfrentar consecuencias aun más duras y hasta cierres.

Por eso Mangia, junto con una coalición de clínicas comunitarias, trabajadores de salud y defensores, impulsa un impuesto a las ventas de medio centavo por cinco años en el condado más poblado del país para ayudar a cubrir la pérdida proyectada de fondos federales y estatales.

Hasta ahora, St. John’s ha aportado al menos $2 millones a la campaña.

Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del Condado de Los Ángeles (Community Clinic Association of Los Angeles County), dijo que no hay muchas opciones para salvar al sistema de salud de un desastre.

“Estamos en una situación crítica y desesperante”, agregó. “Esto tiene el potencial de cambiar el panorama. Compensaría de manera muy significativa las pérdidas”.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó la propuesta en febrero para incluirla en la boleta de las elecciones primarias del 2 de junio, pese a la oposición de algunas ciudades dentro del condado. Sus líderes argumentaron que el impuesto pondría presión sobre los consumidores y los dueños de negocios.

La mayor parte de un estimado de $1.000 millones en ingresos anuales se usaría para proteger la atención médica de la red de seguridad en clínicas comunitarias, hospitales y escuelas.

Luchando por mantenerse a flote

A nivel nacional, se espera que la ley presupuestaria del Partido Republicano reduzca el gasto federal en Medicaid en $911.000 millones a lo largo de 10 años. También podría aumentar en más de 14 millones el número de personas sin seguro médico.

La propuesta en la boleta del condado de L.A. es una de muchas iniciativas locales y estatales en todo el país, mientras clínicas, hospitales, trabajadores de salud, defensores y legisladores buscan nuevas fuentes de dinero para compensar los recortes.

En Michigan, donde se proyecta que la ley federal le costará al estado $32.000 millones en 10 años, la oficina de la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer ha propuesto nuevos impuestos o aumentos de impuestos sobre el tabaco, productos de vapeo, apuestas en línea, apuestas deportivas y publicidad digital. Calcula que esto generaría cientos de millones de dólares al año.

En Rhode Island, un grupo de legisladores estatales espera aliviar parte del impacto de los recortes federales con un paquete de proyectos de ley que incluye un impuesto a los anuncios digitales y un recargo del 3% sobre ingresos gravables superiores a aproximadamente $640.000.

“El objetivo no es reemplazar los ingresos, sino reducir el daño”, dijo el representante estatal demócrata Brandon Potter, uno de los legisladores involucrados en estas leyes.

En Washington, el representante estatal demócrata Shaun Scott presentó recientemente una legislación para abordar la pérdida de fondos federales con un impuesto del 5% sobre la nómina de grandes empresas, aplicado a salarios de empleados que superen los $125.000 al año.

En California, la ley republicana reducirá la contribución federal a Medi-Cal en un estimado de $30.000 millones al año, o 25%. La inscripción en Medi-Cal podría caer en 3 millones para 2028 como resultado de los recortes federales y estatales, según un análisis del Centro de UCLA para la Investigación de Políticas de Salud y del Centro Laboral de la Universidad de California-Berkeley.

En julio, California reducirá los pagos de Medi-Cal que reciben las clínicas comunitarias por ciertos servicios brindados a pacientes con estatus migratorio “insatisfactorio” en alrededor de $1.000 millones al año. Estos pacientes incluyen residentes permanentes en el país por menos de cinco años, refugiados, personas con asilo y otras personas legalmente presentes.

Preparándose para una “nueva realidad”

Defensores y expertos en salud dicen que encontrar nuevas fuentes de ingresos es la única manera de evitar una crisis en el sistema de salud de California.

“¿Vamos a permitir que los vacíos creados por las políticas federales y los recortes del presupuesto estatal dejen a millones de personas sin seguro?”, dijo Laurel Lucia, subdirectora ejecutiva de programas del Centro Laboral de UC Berkeley. “Gran parte de esa pregunta se reduce a los ingresos”.

Algunos profesionales de la medicina dicen que se necesitan nuevos ingresos en el corto plazo, pero que el país también debe abordar su sistema de salud, conocido por ser costoso.

“Esta nueva realidad es que en el futuro tendremos que hacer nuestro trabajo con menos dinero”, dijo Hector Flores, presidente electo de la Asociación Médica del Condado de Los Ángeles. “Así que esta es una oportunidad para ver cómo podemos hacer las cosas mejor”.

Mientras tanto, abundan los esfuerzos por aumentar los impuestos para la atención médica.

Los votantes del condado de Santa Clara, hogar de Silicon Valley, aprobaron en noviembre pasado un aumento de 0,625% en el impuesto a las ventas durante cinco años para compensar recortes federales a Medicaid. Una medida similar estará en la boleta de junio en el condado de Contra Costa.

La iniciativa más conocida, y muy disputada, es una propuesta en la boleta de California patrocinada por sindicatos para aplicar una única vez un impuesto del 5% a los más de 200 multimillonarios del estado.

El gobernador demócrata Gavin Newsom se opone firmemente; el senador Bernie Sanders (independiente de Vermont) hizo campaña recientemente en California a favor de la propuesta y ha prometido presentar una versión nacional en el Congreso.

Los promotores del impuesto temporal a la riqueza dicen que recaudaría $100.000 millones, que en su mayoría se usarían para cubrir la pérdida de fondos federales y estatales en Medi-Cal y otros programas de la red de seguridad. Estos promotores intentan reunir cerca de 875.000 firmas necesarias para llevar la medida a la boleta de noviembre.

“Estamos al borde de un colapso de nuestro sistema de salud. Así que las personas más afortunadas entre nosotros pagan un impuesto modesto que nos dará tiempo y nos permitirá encontrar una solución a largo plazo”, dijo Suzanne Jimenez, jefa de gabinete del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios–Trabajadores de la Salud Unidos West, principal patrocinador de la medida. “Aun así, seguirían siendo increíblemente ricos”.

Los multimillonarios responden

El plan ha generado gran controversia, no solo en California sino en todo el país, y ha provocado fuerte resistencia de multimillonarios y otros críticos.

Los críticos argumentan que la medida podría hacer que los multimillonarios abandonen California, lo que afectaría la innovación, los empleos y la recaudación fiscal. Algunos también advierten que podría terminar en una batalla legal, ya que quienes tendrían que pagar podrían impugnarla por múltiples vías.

“Si esto se aprobara, se esperaría que quedara frenado en los tribunales por algún tiempo”, dijo Jared Walczak, investigador temporal de la California Tax Foundation. “Es bastante posible que no entre ningún ingreso durante varios años, si es que llega a entrar alguno”.

La posibilidad de estas complicaciones ha llevado a algunos defensores de la salud a enfocarse en iniciativas locales que podrían empezar a generar ingresos más rápido, como el impuesto a las ventas propuesto en el condado de Los Ángeles.

Pero esa medida también tiene críticos, incluidos líderes de varias ciudades del condado que pidieron a los supervisores que rechazaran la propuesta porque, dicen, aumentaría las preocupaciones por el costo de vida de los consumidores y pondría presión sobre los negocios.

Kathryn Barger, republicana y la única supervisora del condado de Los Ángeles, que se opuso a incluir la medida en la boleta de junio, dijo en un comunicado que el impuesto propuesto haría que el condado fuera “menos accesible para las familias y menos atractivo para que los consumidores compren y las empresas operen”.

Pero los partidarios dicen que la atención médica de la red de seguridad ya está sintiendo el impacto de la reducción de fondos. Por ejemplo, en febrero, el Departamento de Salud Pública del condado anunció que cerraría siete clínicas debido a $50 millones en recortes de financiamiento federal, estatal y local.

Los inscritos en Medi-Cal también están preocupados.

“Recibimos muchas llamadas de pacientes en pánico que temen perder su Medi-Cal. Decenas de llamadas al día, cientos de llamadas a la semana”, dijo Mangia, de St. John’s.

“Les decimos que estamos trabajando en una solución y esperamos tener esa solución en junio”.

LOS ANGELES — Mia Angulo, who is pregnant and due in May, is living in a tent with her boyfriend in the predominantly Latino neighborhood of Boyle Heights.

Lingering pain from a car crash two months ago, on top of an already hardscrabble life, has Angulo worried about her pregnancy. So, she was relieved when a mobile street medicine van from St. John’s Community Health pulled up near her encampment last month.

“Thank God that we have them,” she said.

St. John’s, which operates 28 clinics, mostly in L.A. County, is part of the nation’s network of nonprofit community clinics that care for the poorest Americans. Around 80% of its 144,000 patients, including Angulo, have Medi-Cal, California’s version of the Medicaid program for people with low incomes or disabilities.

But federal cuts to Medicaid spending under the Republican-passed One Big Beautiful Bill Act, compounded by fiscal belt-tightening in Sacramento, could cost St. John’s up to one-third of its $240 million annual revenue, requiring cuts to services that might include street medicine, said Jim Mangia, the president and CEO.

Smaller, more cash-strapped clinics in L.A. County could face harsher consequences, including closure, if the lost funding is not replaced.

That’s why Mangia, along with a coalition of community clinics, health care workers, and advocates, is pushing for a five-year, half-cent sales tax in the nation’s most populous county to help backfill the projected loss of federal and state dollars. St. John’s has contributed at least $2 million to the campaign so far.

Louise McCarthy, president and CEO of the Community Clinic Association of Los Angeles County, said there aren’t a lot of options to save the health care system from disaster.

“Our backs are up against the wall,” she said. “This has the potential to be a game changer. It will be an absolutely significant offset to the losses.”

The L.A. County Board of Supervisors approved the proposal last month for inclusion on the June 2 primary ballot, over the objection of some cities within the county. Their leaders argued the tax would put a strain on consumers and business owners. Most of an estimated $1 billion in annual revenue generated would be used to protect safety-net health care at community clinics, hospitals, and schools.

Scrambling To Stay Afloat

Nationally, the GOP budget law is expected to cut federal Medicaid spending by $911 billion over 10 years, and it could lead to an increase of over 14 million in the number of people left uninsured. The L.A. ballot proposal is among many local and state initiatives nationwide, as clinics, hospitals, health care workers, advocates, and legislators scramble for new money to help offset the spending cuts.

In Michigan, where the federal law is projected to cost the state $32 billion over 10 years, Democratic Gov. Gretchen Whitmer’s office has proposed new or increased taxes on tobacco, vape products, online gambling, sports betting, and digital advertising, which it projects would raise hundreds of millions of dollars annually.

In Rhode Island, a group of state legislators hopes to ease some of the pain caused by the federal cuts with a package of bills that includes a tax on digital ads and a 3% surcharge on taxable incomes above roughly $640,000.

“The goal is not to replace the revenue; it’s to mitigate the damage,” said Democratic state Rep. Brandon Potter, one of the legislators involved.

In Washington, Democratic state Rep. Shaun Scott recently introduced legislation to address the loss of federal dollars with a 5% payroll tax on large companies, applied to employee salaries exceeding $125,000 a year.

In California, the GOP law will slash the federal contribution to Medi-Cal by an estimated $30 billion a year, or 25%. Enrollment in Medi-Cal could drop by 3 million by 2028 as a result of the federal and state spending cuts, according to an analysis by the UCLA Center for Health Policy Research and the University of California-Berkeley Labor Center.

In July, California will slash Medi-Cal payments that community clinics receive for certain services provided to patients with “unsatisfactory” immigration status by about $1 billion a year. Those patients include permanent residents in the country for less than five years, refugees, asylees, and other lawfully present people.

Bracing for a ‘New Reality’?

Advocates and health care experts say finding new revenue is the only way to avoid a crisis in California’s health care system.

“Are we going to let the gaps created by federal policies and state budget cuts leave millions of people uninsured?” said Laurel Lucia, deputy executive director of programs at the UC Berkeley Labor Center. “I think a lot of that question comes down to revenues.”

Some medical professionals say that new revenue is needed in the short term but that the country needs to address its notoriously expensive health care system.

“This new reality is that we have to do our work with less money going into the future,” said Hector Flores, president-elect of the Los Angeles County Medical Association. “So, this is an opportunity for us to look at how we can do things better.”

In the meantime, efforts to raise taxes for health care abound.

Voters in Santa Clara County, home to Silicon Valley, last November approved a five-year 0.625% sales tax increase to offset federal Medicaid cuts. A similar measure will be on the June ballot in Contra Costa County.

The best-known initiative, and a hotly contested one, is a union-sponsored ballot proposal in California for a one-time 5% tax on the state’s more than 200 billionaires. Democratic Gov. Gavin Newsom strongly opposes it; Sen. Bernie Sanders (I-Vt.) stumped for it in California recently and has promised to introduce a national version in Congress.

Proponents of the temporary wealth tax say it would raise $100 billion, which would mostly be used to backfill lost federal and state dollars in Medi-Cal and other safety-net programs. Proponents are trying to collect nearly 875,000 signatures needed to get it on the November ballot.

“We are on the precipice of a collapse of our health care system. So the most fortunate among us pay a modest tax that will hold us over and allow us to figure out a long-term solution,” said Suzanne Jimenez, chief of staff for Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, the measure’s chief sponsor. “They would still be incredibly wealthy after that.”

Billionaires Push Back

The plan has stirred considerable controversy, not just in the Golden State but nationwide, and has generated strong resistance from billionaires and others.

Critics argue the measure could prompt billionaires to leave California, putting a damper on innovation, jobs, and tax receipts. And, some warn, the measure could end up in a legal quagmire, as those deemed liable to pony up challenge it on multiple fronts.

“If this passed, you would expect it to be tied up in court for some time,” said Jared Walczak, a visiting fellow at the California Tax Foundation. “It is fairly plausible that no revenue could come in for a number of years, if there’s ever any revenue at all.”

The prospect of such complications has led some health care advocates to focus instead on local initiatives that could start generating revenue more quickly, such as the proposed sales tax in L.A. County.

That one has critics too, including leaders of multiple cities within the county who pleaded with supervisors to reject a proposal they argued would add to the affordability worries of consumers and put a strain on businesses.

Kathryn Barger, a Republican and the only L.A. County supervisor to oppose putting the measure on the June ballot, said in a statement that the proposed tax would make the county “less affordable for families and less appealing for consumers to shop and businesses to operate.”

But supporters say safety-net health care is already feeling the impact of diminished funding. Last month, for example, L.A. County’s Department of Public Health announced it was closing seven clinics due to $50 million in federal, state, and local funding cuts.

Medi-Cal enrollees are worried, too. “We get a lot of calls from panicked patients afraid they’re going to lose their Medi-Cal. Dozens of calls a day, hundreds of calls a week,” said St. John’s Mangia.

“We tell them that we’re working on a solution and hopefully we’ll have that solution come June.”